Si bien la iniciativa fue derrotada, eso no quita que se intente revivirla por otros caminos, advirtieron activistas.
El alguacil del condado Pima, Clarence W. Dupnik, retiró una propuesta con la que buscaba otorgar funciones de alguacil a agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), después de que activistas y miembros de la comunidad rechazaran la medida ante la Junta de Supervisores del condado. La directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, Isabel García, calificó la acción de "una victoria temporal" ya que Dupnik aseguró ayer que continuará estudiando la propuesta y no descartó presentarla nuevamente en el futuro.
"Este tipo de propuestas solamente sirve para fomentar el temor entre la comunidad, que no tendrá la confianza para acudir a las autoridades cuando las necesiten", dijo la activista.
Hacia la militarización
Para Andy Silverman, profesor de leyes en la Universidad de Arizona, la iniciativa era "un paso adelante" hacia la militarización de la frontera.
"Esta es una línea muy delicada que no debemos cruzar", advirtió.
El plan de Dupnik
Dupnik propuso otorgar funciones de alguacil a por lo menos un agente de la Patrulla Fronteriza que ayude a las autoridades en las investigaciones de casos criminales en las zonas rurales del condado Pima, donde se asienta Tucson.
El incremento en el flujo migratorio a través del desierto de Arizona ha traído como consecuencia un aumento en delitos como asaltos y secuestros.
Cerco antiinmigrante
Otras autoridades en Arizona, como el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, han firmado acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que algunos de sus agentes puedan hacer valer las leyes de inmigración.
Otras agencias de policía municipal han recibido autorizaciones para ejercer funciones como agentes del servicio de inmigración para detener a inmigrantes indocumentados.
Plan viejo
Autorizar a los departamentos de policía municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración, es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
La ley de inmigración de 1996 permite (programa federal 287g) que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.
El Departamento de Justicia explicó en 2003 que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.
No todos lo apoyan
Pese a las presiones del gobierno de, hasta ahora la mayoría de agencias estatales de policía han advertido que ven en la medida una amenaza que puede echar por tierra el trabajo acumulado durante más de 30 años con comunidades de inmigrantes para combatir el crimen.
Para el Community Policing Consortium, una asociación de organizaciones nacionales de policía, el plan amenaza con romper la confianza establecida entre la policía y los ciudadanos.
La organización afirma que la relación construida con años de esfuerzo ha permitido combatir el crimen y garantizar la seguridad pública.
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