Kevin donald Smith y Jaime Trejo Pinel fueron exonerados de los delitos de cohecho propio (dar sobornos) y negociaciones ilícitas respectivamente
K evin Donald Smith y Jaime Trejo Pinel, ambos involucrados en supuestos negocios ilícitos y pagos de sobornos entre la empresa Drillmaster y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), podrán haber quedado libres de toda acusación penal, pero no del pago por los daños ocasionados al Estado.
Así lo afirma Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, que ha pedido a la Jueza Noveno de Instrucción, Mayra de Aguilar, que les ordene pagar un total de 2 millones 170 mil dólares que supuestamente adquirieron de forma ilícita durante la administración de Carlos Perla y Mario Orellana.
No obstante, la juzgadora sólo les notificó el lunes pasado que ratificaba la prescripción (caducidad) de los delitos por los que se les acusaba sin dejar clara la decisión de condenarlos a una responsabilidad civil.
Amaya entiende que la jueza todavía tiene que pronunciarse al respecto y espera que la decisión que tome sea la de una condena.
La Cámara Tercera de lo Penal decidió el 12 de diciembre dejarlos en libertad definitiva argumentando que la Fiscalía había presentado la acusación cuatro años después de que se cometieran los ilícitos y por lo tanto, el caso había caducado.
Pero según el artículo 45 del Código Procesal Penal aunque Smith y Trejo fueron exonerados por todo delito, la acción civil no se extingue cuando se haya dado una exoneración definitiva a través de la prescripción de la acción penal.
El fiscal Amaya dijo, además que también se solicitó a la jueza que ponga a nombre del Estado tres propiedades y una suma no relevante de dinero de ambos acusados que fueron confiscados en su momento por la Unidad de Investigación Financiera como una medida preventiva. "Esperaríamos que esos bienes pasen a ser del Estado", sostuvo el fiscal.
Sin PeritajeTodo lo contrario opina el defensor de los indiciados, Edgar Morales Joya.
Según el abogado, la Fiscalía no puede pedirle a la jueza que se pronuncie por la responsabilidad civil sin antes tener un peritaje exacto de cuánto es lo que tienen que pagar. "No sé de dónde sacan semejante cantidad", sostuvo Morales al conocer la propuesta de la Fiscalía.
Morales joya acepta que Smith y Trejo tienen, por ley, que pagar una responsabilidad civil por el caso, pero sostuvo que esto debe hacerse a través de un juicio civil que la Fiscalía debe iniciar a partir del monto establecido de forma legal.
No obstante, Amaya dijo que no es necesario ir a un juicio civil si la jueza tiene toda la potestad para decidir si Smith y Trejo pagan o no lo solicitado por la Fiscalía.
El abogado también reconoce que fue él mismo quien, en su momento, pidió a la jueza que realizara varias diligencias para que las propiedades que estaban confiscadas y una cantidad aproximada de ocho mil dólares le sean devueltos a sus clientes por haber sido éstos exonerados.
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