Los pandilleros de la 18 celebraron la decisión de los jueces. Según la Fiscalía los sujetos son reconocidos pandilleros de La Campanera, en Soyapango.
S eis pandilleros quedaron en libertad ayer después que los dos testigos que los incriminarían en un juicio se negaran a declarar, debido a que los jueces no permitieran el empleo del recurso de distorsión de voz.
La decisión fue tomada por los juzgadores del Tercero de Sentencia, de San Salvador, en el juicio contra mareros acusados de extorsionar a transportistas de la Ruta 49, de la colonia La Campanera, en Soyapango.
Después de la decisión de los jueces, los fiscales del caso consultaron a los dos testigos si podían declarar sin el filtro de voz, y estos se negaron por temor a ser identificados por los mareros.
A falta de la declaración de los testigos, los fiscales sólo se valieron de la prueba documental, la cual para los jueces era insuficiente para condenar a los imputados, por lo tanto los dejaron en libertad.
El juez del Tercero de Sentencia, Carlos Sánchez, explicó que la petición de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) no habían fundamentado la necesidad de utilizar el distorsionador de voz para los testigos.
"La solicitud de la UTE no ha sido fundamentada, es decir, que al testigo no se ubicó en tiempo, lugar y circunstancia", dijo el juzgador.
Arguyó que El Salvador está suscrito a convenios con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales explican que proteger a un testigo de esa forma es una flagrante violación a los derechos a la defensa de un imputado. Para el juzgador debe de existir un balance entre los derechos de los imputados y de los testigos.
"El Ministerio Público debe apostar más en la prueba científica y técnica, ya que en otros casos hemos condenado en base a las pruebas y no por las declaraciones de los testigos", dijo el juzgador.
Por su parte el juez presidente del tribunal, Martín Rogel, explicó que ellos respetan el régimen de protección a víctimas y testigos, pero a veces es excesivo llegar hasta el distorsionador de voz.
Los imputados fueron identificados como Héctor Orlando Cordero Solís, Edilberto Antonio Muñoz, Julio César Páiz, José Inocente Mercado, David Naval Cuevas y Henry Amílcar Ayala. Todos residen en La Campanera, en Soyapango.
Según la investigación fiscal los sujetos chantajeaban a los transportistas, desde 2005 hasta la fecha, con cantidades de dinero que oscilaban desde los mil dólares hasta los setenta por cada unidad.
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