En el tercer día de juicio, la Cámara Segunda de lo Penal advirtió errores en el proceso de desafuero que la Asamblea Legislativa pidió en contra del diputado del Parlamento Centro Americano (PARLACEN), Mario Osorto.
Osorto es procesado actualmente por los delitos de concusión, negociaciones ilícitas y falsedad documental agravada.
El funcionario podría quedar en libertad debido a que las autoridades salvadoreñas no informaron del proceso al PARLACEN.
Los magistrados de la Cámara consideraron que una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia establece un procedimiento en desafuero especial en contra de los diputados del Parlamento, el cual no se aplicó en Osorto.
Los medios de comunicación han sido convocados a un conferencia de prensa a las 11:30, en la Cámara Segunda de lo Penal, para informar acerca de la resolución de los magistrados.
El funcionario renunció al fuero que le concede la Constitución el 10 de noviembre del año 2006 luego de haber admitido su participación en actividades ilícitas con el diputado suplente en la Asamblea Legislativa por el PCN, Roberto Carlos Silva. Este se encuentra detenido en Estados Unidos por haber ingresado de forma ilegal. “Es una decisión mía, yo soy un hombre de palabra... No me siento solo, Dios está conmigo”, dijo Osorto al momento de presentar la renuncia en el Palacio Legislativo.
El diputado habría favorecido a Caminos y Edificaciones (CED S. A. de C. V.), la empresa de Silva y su esposa, Nora Emely Parada, en tres licitaciones del año 2005.
En estas negociaciones, Osorto habría negociado como alcalde de La Unión entre 2003 y 2006 para realizar proyectos ahora cuestionados por la Corte de Cuentas.
La omisión de unos votos en contra durante una reunión del concejo en septiembre de 2005 (con lo que logró de otra adjudicación a las empresas de Silva) es el delito de falsedad documental que le reprochan.
También se le suma el delito de concusión (exigencia ilegal de impuesto), realizada en prejuicio de un empresario, usufructuario de un billar de La Unión quien supuestamente realizaba un pago mensual de $571 al edil a quien posteriormente denunció por la exigencia de un monto mayor al ya acordado.
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